Víctimas de accidentes por Metro Bus solicitan la intervención de la Defensoría y el Arzobispado
Un grupo de víctimas de accidentes que involucran unidades del MetroBus, Mi Bus, junto al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero, se reunieron con el Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, solicitando la intervención de la Iglesia Católica, para que el Estado responda sobre las indemnizaciones.
Un total de 28 personas lesionadas conforman el grupo, pero el número puede ser mayor, ya que el desconocimiento de cómo hacer valer sus derechos y cómo defenderlos ha hecho que muchas personas no hayan denunciado.
Esperanza Mena, dirigente del movimiento reveló que desde el pasado mes de noviembre el viceministro de la presidencia, Francisco Artola, se comprometió a gestionar una cortesía de sala en el Consejo de Gabinete para exponer este tema, sin embargo, el pasado lunes se llevó a cabo la última reunión y no fueron atendidos.
“Durante tres días estuvimos esperando en los predios de la Presidencia de la República y no fuimos atendidos por ninguna autoridad, solo por el Defensor del Pueblo que logró que nos dieran acceso a los baños. Nuestro cuerpo y salud ya no están para esto, esta indemnización en el fondo no va indemnizar nada porque las secuelas son permanentes, hasta que Dios nos llame” aseveró Mena.
“Vamos a unir esfuerzos junto a la Defensoría del Pueblo con miras a que este problema tenga una solución. No hay que bajar el esfuerzo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos”, manifestó el arzobispo.
El Defensor del Pueblo detalló que se le ha brindado al Arzobispo de Panamá una explicación detallada sobre todo el proceso que estas personas han emprendido desde hace casi cinco años, sin que, hasta la fecha, se concrete el pago al que aspiran.
“Se nos ha pedido que se contacte al presidente Juan Carlos Varela y que se le solicite al Ministerio de la Presidencia que en el día de hoy envié la documentación que falta a la Procuraduría de la Administración, para obtener el concepto favorable de la misma sobre el pago de estas indemnizaciones”, explicó el Defensor, detalló Castillero Hoyos
Asimismo, se solicitó que en el proceso de transición se incluya la documentación de la situación de Mi Bus para que el gobierno entrante la conozca y la tome en cuenta.
Aprueban adenda para terminar mantenimiento de trenes de la Línea 1 del Metro
El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, aprobó hoy martes la Resolución N°129-24, por la cual se autoriza la Adenda N°2 al Contrato N°MPSA-029-2019, suscrito entre Metro de Panamá, S.A. y Alstom Panamá, S.A., para los servicios de mantenimiento pesado de 800,000 y 1,200,000 kilómetros de los primeros 20 trenes de la Línea 1 del Metro de Panamá.
El contrato original fue autorizado por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución de Gabinete N°99 de 15 de octubre de 2019.
La Adenda N° 2 contempla un costo adicional de hasta B/.2,858,482.30, totalizando un monto contractual de B/.10,243,482.30, y con la cual se extiende la vigencia del contrato de 48 a 62 meses.
En el año 2021, se realizó la Adenda N°1 al precitado contrato y la misma determinó que los trabajos de mantenimiento pesado sobre los elementos del subsistema “bogies” se podían extender de 800,000 kilómetros a 1,200,000 kilómetros de recorrido. Además, se extendió la vigencia del contrato a 48 meses y no mantuvo incremento en el monto del contrato.
Actualmente se mantienen retrasos en la ejecución de las intervenciones de la fase 3 de “bogies”, donde también se realizan las intervenciones de servicio de reconstrucción de motores (“overhaull” de motores a los trenes), cambios de ruedas y discos de frenos, por la falla de equipos de taller, requeridos para la ejecución de estos servicios, y debido a estos retrasos, se requiere extender la vigencia del contrato a 62 meses, tiempo que permitirá llevar a cabo las intervenciones faltantes.
Cabe destacar que esta adenda es sobre un contrato existente con una empresa de Francia, país que mantiene a Panamá dentro de una lista fiscal discriminatoria. Se aclara que la restricción panameña contra las empresas que tienen a Panamá en listas discriminatorias aplica para contratos nuevos.
