Ejecutivo sanciona proyecto 295 y logra acuerdo para establecer moratoria con la banca hasta el 31 de diciembre
Haciendo uso de facultad constitucional, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen sancionó el proyecto de ley 295 que adopta medidas sociales especiales para la suspensión temporal del pago de servicios públicos como energía eléctrica, telefonía fija y móvil e internet.
Actuando en base a lograr los mejores intereses de la economía y el bienestar de los panameños, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que luego de cuatro intensas sesiones de negociación con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se logró un acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones propuestas por el artículo 2 del proyecto de ley 287, lo que permite ampliar la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020.
El acuerdo con los bancos incluye una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 para: hipotecas (préstamos residenciales), préstamos personales, a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comerciales, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito.
“Estas medidas protegen los ahorros de todos los panameños y permiten que nuestro sistema bancario continúe en pie. Se trata del centro bancario más importante de región que mantiene 26 mil empleos directos”, señaló.
Destacó que la banca será un aliado fundamental en la construcción de la nueva normalidad, de ahí vendrá el financiamiento para levantar los negocios afectados, los recursos para impulsar la creación de empleos y reactivar la economía una vez hayamos atravesado esta tormenta.
El presidente avaló el artículo 6 del proyecto de ley 287 que dispone que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras, se les pueda otorgar una moratoria del pago por noventa días prorrogables.
Además, el presidente dijo que se seguirá atendiendo, todos los subsidios que suman B/.1,600 millones anuales, dirigidos grupos de familias en condiciones de vulnerabilidad social. Los referentes a la Caja de Seguro Social, Red de Oportunidades, 120 a los 65, Beca Universal, Ángel Guardián, gas licuado, Metro de Panamá, Mi Bus, subsidio eléctrico, Fondo Solidario de Vivienda, Intereses Preferenciales y subsidio de agua.
Cortizo Cohen dijo que ningún panameño “va a quedarse fuera de su hogar. Nadie será desalojado, mientras dure el estado de emergencia” porque han sido congelados todos los cánones de arrendamiento como quedó establecido en el decreto 145 del 1 de mayo.
Aprueban adenda para terminar mantenimiento de trenes de la Línea 1 del Metro
El Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, aprobó hoy martes la Resolución N°129-24, por la cual se autoriza la Adenda N°2 al Contrato N°MPSA-029-2019, suscrito entre Metro de Panamá, S.A. y Alstom Panamá, S.A., para los servicios de mantenimiento pesado de 800,000 y 1,200,000 kilómetros de los primeros 20 trenes de la Línea 1 del Metro de Panamá.
El contrato original fue autorizado por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución de Gabinete N°99 de 15 de octubre de 2019.
La Adenda N° 2 contempla un costo adicional de hasta B/.2,858,482.30, totalizando un monto contractual de B/.10,243,482.30, y con la cual se extiende la vigencia del contrato de 48 a 62 meses.
En el año 2021, se realizó la Adenda N°1 al precitado contrato y la misma determinó que los trabajos de mantenimiento pesado sobre los elementos del subsistema “bogies” se podían extender de 800,000 kilómetros a 1,200,000 kilómetros de recorrido. Además, se extendió la vigencia del contrato a 48 meses y no mantuvo incremento en el monto del contrato.
Actualmente se mantienen retrasos en la ejecución de las intervenciones de la fase 3 de “bogies”, donde también se realizan las intervenciones de servicio de reconstrucción de motores (“overhaull” de motores a los trenes), cambios de ruedas y discos de frenos, por la falla de equipos de taller, requeridos para la ejecución de estos servicios, y debido a estos retrasos, se requiere extender la vigencia del contrato a 62 meses, tiempo que permitirá llevar a cabo las intervenciones faltantes.
Cabe destacar que esta adenda es sobre un contrato existente con una empresa de Francia, país que mantiene a Panamá dentro de una lista fiscal discriminatoria. Se aclara que la restricción panameña contra las empresas que tienen a Panamá en listas discriminatorias aplica para contratos nuevos.
