Comisión de Economía aprobó que una subcomisión analice anteproyecto sobre reparación de vehículos del Estado

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que preside Ricardo Torres, aprobó este martes, que sea una subcomisión la que analice el proyecto de Ley 827, que regula la reparación de vehículos del Estado con menos de 5 años de uso, para ser reutilizados por las instituciones.

En medio de esta discusión, el diputado Torres dijo que el Presupuesto General del Estado no contempla una partida para dar mantenimiento a cientos de autos y maquinaria que se encuentran estacionados en terrenos de la institución como si fueran chatarra.

El diputado Torres manifestó que, como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, ha discutido el Presupuesto General del Estado, y ha expresado al Ejecutivo que estas partidas no pueden construirse de arriba hacia abajo, no conociendo la realidad de las provincias, por lo que debe ser rechazado por la Comisión de Presupuesto y devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El presupuesto se está haciendo en las oficinas refrigeradas, desconociendo cuál es la realidad de las provincias, además, este es un presupuesto no equitativo con las provincias, y con el perdón de Panamá, Colón y Chiriquí, en Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos merecen una oportunidad de recibir esos 26 mil millones de dólares, los aportes del Canal deben tocar a Veraguas”, precisó el diputado Torres.

“Con las vistas presupuestarias que se están dando en la Comisión de Presupuesto no podemos aceptar un presupuesto desigual, que no les brinda esperanza a muchas regiones del país, expresó el diputado Torres.

Sobre el proyecto de Ley 827, que presentó el diputado Abel Becker, señaló que tiene que ver con los vehículos en todas las instituciones, que muchas veces el diputado, representante y alcalde tiene que sacar de su salario para repararlos, ante la falta de una cultura de mantenimiento.

Además, el proyecto no contempla otros aspectos legales para hacer un buen descarte y ponerlo en reparación para poder ser reutilizados, entre otros aspectos que deben ser analizados.

Se prohijó también el anteproyecto de ley 35, que establece un incentivo fiscal a favor de la salud mental, que debe ser ampliado, en primer debate.

También, se aprobó el informe de la subcomisión que analizó y discutió el proyecto de Ley 807, por el cual se establecen sanciones penales, para aquellos funcionarios públicos y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y de garantía en las contrataciones con el Estado.

Se negó el proyecto de ley 854, que limita el acceso a beneficios o subsidios estatales del combustible en Panamá, que presentó la diputada Emilie García, por considerar que el tiempo establecido para su discusión no es suficiente, ya que se terminan los tres meses de plazo que dio el Gobierno.