MOP realiza licitación por mejor valor del tramo Quebrada Ancha – María Chiquita, provincia de Colón

La red vial y el turismo interno en la Costa Arriba de la provincia de Colón se verán fortalecidos con una nueva vialidad que el Gobierno Nacional construirá desde Quebrada Ancha a María Chiquita. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó hoy la licitación de ese proyecto con un precio de referencia de B/. 87,002, 224.44.

En el acto de apertura de propuestas para la ejecución de este proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Carretera Quebrada Ancha-María Chiquita, cuatro consorcios presentaron sus ofertas económicas.

Ellas son: Consorcio C&T conformado por Constructora Urbana S.A. y Toronto Global Holdings Corp., que propuso B/.77, 600, 000.00, el Consorcio Carretero Atlántico integrado por Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, ofertó B/. 77, 007, 229.24, el Consorcio Transeq Estrella, unido con Transeq, S.A. e Ingeniería Estrella, S.A. propuso la suma de B/. 84, 071, 050.78 y el Consorcio María Chiquita asociado con Constructora RODSA, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A., ofertó B/. 77, 933, 229.78.

El proyecto inicia en el sector de Quebrada Ancha en la intersección con la Avenida Boyd Roosevelt y finaliza en la intersección con la carretera hacia Portobelo, entre los distritos de Colón y Portobelo.

Consiste principalmente en la construcción de 28.442 kilómetros de carretera, siete puentes vehiculares, carril de aceleración en la salida de la carretera de Quebrada Ancha a María Chiquita.

También incluye la construcción de un carril de desaceleración en el mismo tramo, una rotonda al final del proyecto, cuatro retornos a nivel sobre sobre la Avenida Boyd Roosevelt, un viaducto vehicular y paso a desnivel con sus respectivos accesos.

Con la ejecución de esta obra se busca mejorar la red vial de la región con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad de la población.

Igualmente, se pretende la modernizar la vía con el propósito de incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios básicos que se ofrecen a la población, especialmente la de bajos recursos y promover el desarrollo social equilibrado en el área.

El contratista deberá entregar la obra completamente terminada y aceptada por el Estado dentro de un plazo de ejecución de 730 días calendario, a partir de la entrega de la Orden de Proceder.