Se analiza propuesta que establece la cancelación de manera inmediata de la licencia de conducir por embriaguez comprobada
Con el propósito de regular el tema de los conductores que manejan en estado de embriaguez, la Comisión de Comunicación y Transporte, a través de una subcomisión, presidida por el diputado Gonzalo González, se reunió para analizar y estudiar el proyecto de Ley 792 "Que establece la cancelación de manera inmediata y definitiva de la licencia de conducir a las personas que causan incidente de tránsito, lesiones o la muerte a otras personas cuando se compruebe el estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes.
La normativa establece en su articulado que el conductor que, en estado de embriaguez comprobada o intoxicación por estupefacientes, cause accidente de tránsito, lesiones o la muerte de otras personas se le cancelará, de manera inmediata y definitiva, la licencia de conducir sin excluir las demás sanciones que correspondan.
De acuerdo con su proponente, el diputado Gonzalo González, esta normativa ha sido analizada con varios sectores involucrados en el tema de accidentes viables e indicó que enviarán un informe lo más pronto posible a la Comisión de Comunicación y Transporte, para tomar una decisión al respecto.
Por su parte, Iris Moró Cosme, fiscal adjunta de la Fiscalía Superior de Litigación, Sección de la Procuraduría de la Nación, destacó que esta normativa en sí no establece quién sería la autoridad competente para dicha cancelación de la licencia de conducir.
Manifestó que, en la actualidad, en el Código Penal ya existe la inhabilitación de licencia como pena accesoria y se encuentra tipificadas en caso de muerte y de incapacidad, mayor a los 30 días.
De igual Manera Nes De Icaza, asesor legal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), señaló que la iniciativa es positiva, pero les preocupa que este proyecto pueda entrar en conflicto con normas ya existentes en materia penal.
De acuerdo con Ivana Ho, de la Fundación de Educación Vial, esta normativa debe involucrar a más personas, sobre todo en el tema de la educación, además, manifestó que es importante crear más programas de rehabilitación para las personas que están inmiscuidas en el problema del alcoholismo.
Mencionó que es importante involucrar al Ministerio de Educación, a las licoreras, entre otros, para que den sus aportes y propuestas para sensibilizar a los jóvenes que, a su parecer, a veces se ven involucrados en accidentes producto del licor.
Durante la reunión, estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), de la Fundación Educación Vial, de la Universidad de la Américas (UDELAS), transportistas, entre otros.
A subcomisión propuesta para disminuir costo de peaje en corredores
En una agenda de siete puntos, la Comisión de Economía y Finanzas, prohijó dos anteproyectos de ley y envió a una subcomisión el proyecto de ley que establece un régimen económico para regular los topes máximos de cobro de corredores Norte, Sur, Este y Sur.
El proyecto de ley plantea que se fijen porcentajes máximos permitidos, para el ajuste de las tarifas por tramos y se garantice la exoneración temporal del pago, en casos de emergencia, desastres naturales o bloqueos de vías.
De igual manera, la iniciativa plantea que, para los vehículos automóviles particulares las tarifas no podrán exceder de setenta y cinco centavos (B/. 0.75) por tramo.
Para los autobuses de transporte público, la tarifa no podrá exceder de dos balboas con cincuenta centavos (B/. 2.50) por tramo.
El proponente del proyecto de ley, diputado Betserai Richard, indicó que espera que la Empresa Nacional de Autopista emita sus sugerencias o alternativas, que materialicen una solución al tema, ante la emisión de concepto negativo.
Richard señaló que, el traslado por los corredores encarece a los usuarios, su movilización hacia su trabajo y viceversa para acortar tiempo y mejorar calidad de vida.
En tanto, se acogió el anteproyecto de ley 321. que fortalece la recaudación del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), mediante la trazabilidad de pagos electrónicos, incentivos a los consumidores y la participación ciudadana”.
Asimismo, el anteproyecto de ley 323, “que modifica la Ley 22 de 2006, ordenada por la Ley 153 de 2020, para establecer plazos máximos de pagos a micro, pequeña y mediana empresas en la contratación pública”, en ambos proyectos su proponente es el diputado Eduardo Gaitán.
